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Experiencias

La Granja Azul, Milei y la urgencia de reducir el Estado

¿Qué tienen en común la Granja Azul, la pizarrita de Javier Milei y el Ministerio que promueve la “capacitación en enfoque de género” en todo el sector público?

Suena a un arroz con mango, pero no lo es. Se trata de una gastadera gigantesca de dinero en burocracia que no solamente no da frutos, sino todo lo contrario y lo principal y más triste es que pierde el norte, me explico.

Empezamos esta semana con la victoria de Javier Milei en las elecciones primarias de Argentina, la noticia del cierre de la Granja Azul -icónica pollería peruana- y casi al cierre nos dimos con que se dan “capacitaciones en enfoque de género a la administración pública, pasando por el listado de las entidades públicas con mayores índices de corrupción.

Podríamos pensar que cada uno hace su trabajo, que son las leyes de la república (sí, se dio una ley haciendo obligatorio dar y recibir esas capacitaciones a los empleados públicos, sin mucha claridad del objeto) o que son noticias y nada más; pues creo que todo esto debería hacernos reflexionar acerca del tamaño del estado.

El estado, en todos sus estamentos, se nutre, funciona y retroalimenta en burocracia -buros + cratos: gobierno o administración desde un escritorio- y cuanto más grande es esta, mayor es su disposición a la ineficiencia, la demora, la mediocridad y finalmente al abuso y a la corrupción.

Durante los diagnósticos que he realizado para empresas, ya sea para establecer el mapa de riesgos de estas o para implementar un plan de cumplimiento, me he encontrado con que cada procedimiento (burocracia) dentro de la empresa que carece de dueño/responsable, que se aleja del propósito o cuyo objeto no es del todo claro, es una posibilidad de ineficiencia que se traduce en mayores costos de transacción. Peor aún cuando no hay un proceso para corregir o reducir la posibilidad de un riesgo, es que se pueden presentar casos de deshonestidad de cualquier tipo.

Es sencillo imaginarse que en el estado, la cosa pública que es de todos y es de nadie, este tipo de situaciones existen por doquier y de manera más frecuente dado que debe ser regulado. ¿Todo debe estar regulado? Sí, en el estado lo que no está permitido y regulado, está prohibido. Entonces si todo está regulado, no deberían existir este tipo de situaciones de corrupción, ineficiencia o lentitud… lamentablemente al momento de no poner coto y cierto criterio es que se cae en la mala costumbre de pensar que todo se arregla con regulación.

Acá me detengo a realizar el nexo con la frase que abre este artículo, y es que esa sobrerregulación y ese criterio o tara de nuestros gestores públicos, sumado al poder que tienen sobre los ciudadanos estas entidades pueden generar las lamentables complicaciones que comento líneas arriba.

Las municipalidades, como cualquier otra entidad administrativa dentro de sus lineamientos y funciones, poseen la potestad de establecer normas de todo tipo antes de otorgar licencias de funcionamiento/operación a cualquier negocio que se plantee poner en marcha.

Asimismo, sabemos que cada una de éstas posee sus propias regulaciones, montos afectos, multas, procedimientos y un largo etcétera, lo que les da el poder no sólo sobre la marcha del negocio, sino de los requisitos de operación y su aplicación, que en algunos casos llegan a niveles absurdos.

El caso del cierre de la Granja Azul cae dentro de este esquema, y aquí no podemos dejar de lado el poder que puede tener un funcionario público sobre un negocio en marcha y la coerción que puede ejercer sobre este, al no cumplir con algún requisito cualquiera que la misma municipalidad establece y luego fiscaliza.

Por otro lado en el caso de las capacitaciones de enfoque de género en el sector público, se destinan tiempos y dineros -que no deben de ser pocos y que son destinados del presupuesto público- para pagarse un servicio que ni es urgente, ni primordial ni responde al propósito u objeto del estado: brindar y administrar servicios a los ciudadanos.

Sin embargo, al haberse creado la necesidad y obligación a través de la norma, ésta debe ser cumplida (felizmente ya está siendo revisada y cuestionada), prestándose además a múltiples interpretaciones sobre su fin.

Así tenemos que:

  • Un gobierno municipal puede utilizar la excesiva burocracia para imponer multas o cerrar negocios de manera arbitraria a empresas que no se alinean con sus intereses políticos.
  • Los recursos destinados a la capacitación de empleados públicos en «enfoque de género» pueden ser desviados para fines privados, como el enriquecimiento personal de los funcionarios públicos.
  • La corrupción puede facilitar la aprobación de proyectos de ley que benefician a intereses privados, incluso si estos proyectos no son en beneficio del interés público.

Sumado a ello, tenemos el ranking de las 10 entidades públicas con mayores índices de corrupción: https://gestion.pe/economia/contraloria-inco-2022-estas-son-las-10-entidades-publicas-con-mayor-corrupcion-noticia/.

¿Y qué tiene que ver el político argentino Javier Milei en todo esto? Los invito a ver una de las versiones de “la pizarrita de Milei” en donde explica cómo y por qué debería reducirse el estado y por ende su costo.

Considero que deberíamos empezar ya a hacer ese ejercicio y reducir el estado empezando por los sistemas de administración municipal que, con su exceso de burocracia, se alejan del propósito y no hacen Patria.

Al igual que las empresas, el estado debe buscar eficiencias.

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